Instituciones se capacitan sobre valoración económica del daño ambiental por incendios

lvador 10 de marzo de 2020. Un incendio forestal genera más pérdidas económicas que los daños carbonizados que quedan a la vista. Un bosque consumido por el fuego puede afectar los medios de vida de sus alrededores como por ejemplo,  la infiltración del agua, leña, madera, turismo,  la calidad del aire, la salud y demás servicios ecosistémicos.

Ponerle cifras a las pérdidas de bienes y servicios ecosistémicos a causa de incendios, ha sido un tema poco abordado en la teoría y en la práctica. Anualmente, decenas de hectáreas en todo el país son consumidas por el fuego y las estadísticas se limitan al área afectada, pero la valoración económica de los daños ambientales constituyen argumentos para el proceso de toma de decisiones al definir políticas de desarrollo, sustentar indicadores ambientales, argumentar pagos por servicios ambientales, entre otros.

El economista ambiental de origen costarricense, Gerardo Barrantes Moreno,  quien se encuentra impartiendo un taller en El Salvador,  explicó que los datos que surgen después del siniestro, adquieren especial importancia para deducir responsabilidades, incluso, legales.

Posterior a un incendio, “hay que identificar cuánta agua dejo de recibir la actividad productiva de las familias. Cómo se afectó a la industrial o al comercio ante los cortes de agua, los cortes de luz, la calidad del aire cómo afecta la salud de la gente. Todo está vinculado a la parte económica”, expresó Barrantes.

Rodeado de un público conformado por representantes de varias instituciones de Estado vinculadas con el tema forestal, el experto  explicó detalles sobre cómo identificar los daños y cómo valorarlos a través de un método.

El taller durará cuatro días y se espera fortalecer y unificar las capacidades en las entidades como el Ministerio de Medio Ambiente; Ministerio de Agricultura, Instituto Salvadoreño de Turismo, Policía Nacional Civil, Defensa, Programa de las  Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Fiscalía General y Corte Suprema de Justicia.