EAE Sector de Minería Metálica de El Salvador

Fue requerida por el Ministerio de Economía (MINEC), ante el debate público y la inexistencia de una política sobre minería metálica en el país. La Evaluación Ambiental Estratégica fue realizada en el año 2011.

Lo que ha generado una enorme expectativa social y política en torno al tema, como consecuencia de los intereses de explotación, manifestados por algunas empresas mineras; además porque la minería metálica en El Salvador se encuentra, en la práctica, en un compás de espera, con sólo algunas licencias de exploración -todavía vigentes, pero cerca ya de su fecha de expiración- y ninguna mina en explotación.

No obstante esta situación de inactividad, y debido al interés de algunas empresas por reiniciar la extracción de metales, se ha suscitado en el país una importante polémica en torno a la conveniencia o no del desarrollo del sector y los posibles beneficios y perjuicios que de ello se derivarían.

La discusión social del tema parece estar muy condicionada por posicionamientos basados en la preocupación de que el desarrollo del sector, siga patrones similares a los observados en otros países, experiencias que se analizan con un ojo muy crítico especialmente desde organizaciones sociales. Estas consideran muy altos los riesgos ambientales y de fractura social que pudiera provocar el relanzamiento de la actividad y prevén, además, un escaso retorno al país de los beneficios generados por la explotación de sus recursos.

Por lo que la EAE es percibida, en este contexto, como un instrumento necesario para aportar, desde una perspectiva ambiental y social, objetividad, elementos de juicio estratégico, en el debate en torno al cual debiera ser el nuevo marco de regulación de la actividad minero metálica en El Salvador.

La EAE explora de este modo, las condiciones ambientales de sostenibilidad para un posible desarrollo del sector minero metálico. También ayuda a definir una serie de recomendaciones, que tendrían que tomarse en cuenta en caso de desarrollarse el sector, para asegurar su viabilidad dentro del marco que establecen las políticas, reglamentaciones y compromisos ambientales del país.

Este instrumento determinó:

Recomendaciones de carácter general para cualquier alternativa de política;
La necesidad de revisión y modificación de la actual legislación minero metálica;
Mejorar la información y el conocimiento sobre la geología, los recursos mineros del país, medio ambiente y en lo referido a los factores que pueden ser afectados por la actividad;
Planificación del sector;
Definición de áreas de ordenamiento y gestión —zonas mineras—, a las que deberán sujetarse en su caso los planes de exploración y explotación y otras medidas de planificación. Planes de ordenación y gestión del recurso y prioridades de inversión en mejora del conocimiento;
Gestión del conflicto social existente.
Así mismo sirvió de base para establecer La Ley Especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionado a los proyectos de exploración y explotación de minería metálica.

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