4.9 millones de dólares es la valoración económica que ocasionó el derrame de melaza en el río La Magdalena. Este recuento de costos se ha calculado con base en cuatro rubros: compensación a las comunidades afectadas en su medio de vida (pesca y turismo); gastos y costos para la restauración del ecosistema; costos administrativos incurridos por el Gobierno central y municipal; y medidas para la reconversión del ingenio La Magdalena.
San Salvador, 23 de mayo de 2016. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia formal en contra del Ingenio La Magdalena, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el delito de contaminación ambiental generado por el derrame del miles de galones de melaza en el río La Magdalena, hecho ocurrido el pasado 5 de mayo, en Chalchuapa, departamento de Santa Ana.
La titular del ramo también entregó al fiscal general adjunto, Aquiles Parada, el informe sobre la evaluación de daños ambientales generados por el derrame de melaza, que contiene detalles de lo ocurrido, las acciones realizadas por la empresa, los datos de los muestreos que realizó el MARN, los impactos en la biodiversidad y la evaluación económica de daño ambiental ocasionado entre otros aspectos.
Las afectaciones producto del derrame de melaza en el ingenio La Magdalena, ocurrieron sobre los recursos naturales (especialmente biodiversidad) y medios de vida en 80 kilómetros de ecosistema fluvial, desde la zona inmediata al ingenio en Chalchuapa, Santa Ana; pasando por el río Paz hasta el zanjón El Aguacate, en el municipio de San Francisco Menéndez, de Ahuachapán.
El derrame de melaza ocasionó una disminución de la calidad del agua y daños en gran magnitud sobre la biodiversidad acuática, afectando a 29 especies entre ellas el Pez Machorra o Pez Lagarto, considerado especie en peligro de extinción.
El informe señala que las afectaciones ocasionaron un 100% de eliminación de especies en los primeros 12 kilómetros del río La Magdalena, partiendo desde el punto donde ocurrió el derrame, y del 40% en el resto de tramos del cauce. El volumen estimado de las afectaciones en la fauna acuática asciende a 19 toneladas.
La ministra Pohl explicó que, debido al grave impacto de la fauna en un sector del cauce y la reducción significativa de los recursos biológicos acuáticos en el resto del mismo, se requiere de un proceso de restauración progresiva de las especies de acuerdo con sus potencialidades biológicas intrínsecas.
Los medios de vida afectados directamente se relacionan con la pesca artesanal y el turismo local. Registros municipales indican 950 pescadores artesanales a lo largo de los 80 kilómetros del cauce afectado.
En el documento se establece que el almacenamiento de la melaza en la pila nueva, en el día del derramamiento se encontraba en el rango desde los 939 mil 665 galones hasta los 1,003,032 millones de galones. Sin embargo, se muestra que con los resultados del cálculo del volumen de melaza depositada en las terrazas de contención, el volumen del derrame se estima pudo llegar a los 1,449, 780 galones. Es de aclarar que este volumen es superior al indicado en el almacenamiento de la pila nueva, debido al proceso expansivo de la melaza asociado con los procesos de desgasificación.
La ministra Pohl reiteró que la melaza, una sustancia espesa, dulce y de color oscuro que queda como residuo de la cristalización del azúcar de caña, no es tóxica; sin embargo, la enorme cantidad que fue derramada en el río La Magdalena causó un fuerte impacto al medio ambiente y a la población que se dedica a la pesca y al turismo, por lo que el presente informe es importante para las acciones legales que iniciará la Fiscalía.
El fiscal Parada reiteró que la FGR ya inició las investigaciones pertinentes, pero que aún no se han determinado las responsabilidades de carácter penal y civil que proceden en este caso y el proceso se verá fortalecido en alguna medida con la información que presentó Pohl.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL tipificado y sancionado en el artículo 255 del Código Penal que establece “el que provocare o realizare directa o indirectamente, emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en contravención a las leyes y reglamentos respectivos y que pusiere en peligro grave la salud o calidad de vida de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.