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La nueva visión representa un gran desafío institucional, pues expande el quehacer del MARN mucho más allá del rol limitado asumido desde su creación en 1997. Supone relaciones proactivas con el resto del Estado, gobiernos locales y otros actores territoriales, sociedad civil, empresariado, universidades y ciudadanía en general. No se trata de que el MARN vaya más allá de su mandato legal, sino de que asuma verdaderamente las obligaciones que le impuso la Ley del Medio Ambiente de 1998 cuando le otorgó la rectoría de la gestión ambiental.

Esta Visión Estratégica busca orientar el accionar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tomando en cuenta el país, cuyo rasgo más notable es su situación de riesgo generalizado por las vulnerabilidades acumuladas en todos los órdenes de la vida social. Esas vulnerabilidades se reflejan en profundas inequidades sociales; en una frágil economía basada en la exportación de su gente que no encuentra en su propio país la posibilidad de que se valoren sus capacidades con oportunidades de empleo decente; en un tejido social desgarrado que alimenta la criminalidad y la inseguridad; y en un entorno ambiental tan degradado que alimenta la conflictividad social y amenaza la vida – en especial de los más pobres y vulnerables – a la vez que estrangula la economía y sus posibilidades de transitar hacia una economía más robusta e inclusiva.

Romper ese círculo vicioso de riesgo generalizado es el gran desafío nacional y demanda acciones vigorosas del Estado, la sociedad civil, el empresariado nacional. Dada las debilidades propias en cada uno de esos actores, ello puede parecer un desafío imposible. Para enfrentar exitosamente ese desafío es imprescindible activar las energías ocultas de toda la población que debe convertirse en una ciudadanía informada consciente de sus derechos y responsabilidades. Ello supone un Estado transformado que dialoga con la sociedad y que se reconstruye para poner en marcha políticas públicas que respondan a las demandas ciudadanas y que dejen de ser una de las fuentes principales de riesgo, como ha sido el caso en materia ambiental.

Frenar y revertir los procesos de degradación ambiental no es un problema de falta de normativa sino de una cultura generalizada de incumplimiento. La construcción de una ciudadanía responsable en materia ambiental pasa por asumir una cultura de respeto a la normativa existente. Quienes conducen el Estado están obligados a ejercer un liderazgo ejemplar para que los empresarios y otros sectores sociales también asuman sus obligaciones frente a la problemática ambiental.

En concordancia con esa nueva visión, se activan instrumentos como una información ambiental más amplia y libremente accesible; la evaluación ambiental estratégica (políticas, planes y programas del sector público; el sistema nacional de gestión del medio ambiente (SINAMA); el Informe Nacional del Estado del Medio Ambiente; la Política Nacional del Medio Ambiente; el ordenamiento ambiental dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial; y el Plan Nacional de Prevención y Contingencia Ambienta)l.

Esos instrumentos se activan para avanzar en tres grandes objetivos estratégicos:

  1. Fortalecer la ciudadanía sustantiva y activa frente a la problemática ambiental;
  2. Fortalecer la gestión ambiental pública mediante una actuación ejemplar, articulada, responsable y transparente del Estado; y
  3. Fomentar patrones de producción y consumo más limpios y eficientes aplicando la ciencia y la tecnología.

El mensaje central de esta visión, es que la atención a los problemas ambientales y la recuperación de los activos naturales del país representa una oportunidad estratégica para construir ciudadanía, modernizar el empresariado, fortalecer la economía, democratizar y profesionalizar el Estado, y sobre todo para mejorar de manera sustancial la calidad de vida de toda la población.