Por Isabela Vides

Tres años han pasado desde el cierre de Baterías de El Salvador. Ahora, en un esfuerzo interinstitucional bajo la gestión del Presidente Mauricio Funes, se toman pruebas de suelo y agua para determinar la contaminación que aún existe en el aire.

San Salvador, 17 de agosto de 2010. Emilio González Chamagua recuerda que allá por 1994 Baterías de El Salvador o la fábrica Récord, llegó a El Sitio del Niño. Para ese entonces él ya tenía 15 de habitar en la zona, tenía un trabajo como empleado judicial y veía como sus vecinos trabajaban de pequeños dueños de parcelas, artesanos o pequeños ganaderos.

Ahora le pide a su nieto que abra la bomba de agua del pozo que hay en su patio el mismo que “solo usamos para lavar platos, ropa y para regar”. Él y 10 familias más beben agua de un contenedor que les llenan una vez a la semana.

“Antes esta agua era dulcita, dulcita, ahora es incluso un poco salobre” asegura González mientras personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) revisan su pozo y hacen un muestreo.

Desde el 13 y hasta el 16 de agosto personal del MARN y de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) obtuvieron muestras de agua de alrededor de 70 pozos y censaron  350 pozos de la zona, en un radio de 1,500 metros a la redonda de las instalaciones de la fábrica Baterías de El Salvador S.A.deC.V., donde aún se encuentran restos de la escoria resultante de los procesos obtenidos de la fabricación y reciclaje de baterías para automóviles.

Estas muestras de agua se analizarán en las instalaciones de ANDA y otras en la empresa LaGeo según explicó Elizabeth Granados, encargada del muestreo y técnica del equipo de hidrología del MARN.

En adición a este esfuerzo también se hizo un muestreo de suelo con el que se consiguieron 87 muestras de 41 sitios distintos. De estas se espera conseguir un perfil potencial de la distribución de la contaminación.

Según explicó Ítalo Córdova, especialista en Desechos Peligrosos del MARN, de cada punto de muestreo se obtuvieron entre dos y cuatro muestras para definir entre lo más superficial y hasta los 1.20 metros de profundidad la contaminación existente. Estos análisis se llevarán a cabo al interior del Ministerio.

González no es ajeno a las visitas para tomar muestreo de aguas. ANDA y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ya habían estado con anterioridad en la zona.

“Todo lo que obtuvimos fue un censo de 123 personas que dijo el Dr. Maza (Guillermo Maza Brizuela, ex Ministro de Salud) que tenían registro de plomo” dijo González.

No obstante en la comunidad se sostiene que son cerca de 1,700 las personas afectadas en la zona y que nunca se les hizo un registro ni a todos los niños ni a todos los adultos.

Sin agua potable

Aunque la familia González y otras de la zona –los pasajes Danilo, la calle 31 y la calle Los Aguacates- reciben cada semana agua potable que se les deposita en grandes contenedores, hay otros lugares, como la casa de Carmen Pineda, mucho más cerca de la fábrica, que hierven el agua para consumo humano.

“No crea, tener estos volados es una gran responsabilidad, hay que desarmarlos cada mes y se les echa media bolsita de lejía para que estén limpios” aseguró González quien comparte con 5 familias los 2,500 litros de agua que se le depositan.

Según explicó cada vez que se llena el contenedor significan $40 que son pagados por la alcaldía del municipio de San Juan Opico, donde se ubica el cantón Sitio del Niño, lugar de la afectación.

Pero esta agua se encuentra en las comunidades al otro lado de la calle principal. Allá, a unos 500 metros de la fábrica, Pineda dice desconocer de esta facilidad de la alcaldía y asegura que saben de la contaminación y por eso prefieren hervir el agua.

A los pequeños les han hecho estudios y, aunque sabe que han salido con índices de plomo, no recuerda de cuánto y mucho menos sabe si eso es mucho o poco.

“Usted se puede tomar litros de esta agua y no se le va a quitar la sed, al rato ya tiene más sed” dijo González refiriéndose al líquido del pozo.

El caso

El caso Batería de El Salvador estará a  partir del 23 de septiembre en Vista Pública donde se procesará a Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito por el cargo de contaminación ambiental agravada.

Por el momento también se está buscando, para iniciar un proceso por los mismos cargos, a los miembros de la junta directiva de Baterías de El Salvador: Ronald Antonio Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo y José Ofilio Gurdián.

La fábrica fue cerrada por el Ministerio de Salud el 24 de septiembre de 2007 y se congelaron las cuentas de la fábrica por $141 millones.

En la audiencia preliminar del caso la querella dijo que el monto para la recuperación ambiental de la zona ascendía a $3,964 millones lo que representa 264 millones más que el presupuesto general de El Salvador para el 2010.