Alrededor de 489 camaroneras y salineras funcionan en un territorio equivalente a 2 mil 500 hectáreas que son tierras del Estado de bosque salado o manglar.

San Salvador, Mayo de 2013. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) avanza en el  proceso de revisión de los Diagnósticos Ambientalesque han sido presentados por 50 propietarios privados y asociaciones de camaroneras y salineras de los 489 productores que funcionan en el país, a fin de entregarles en concesión los terrenos en los que operan.

Este documento implica una serie de medidas de mitigación y compensación y otras actividades de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo: el saneamiento, la reforestación, la restauración de canales secundarios y terciarios del manglar, el control, la  vigilancia y devolver al ecosistema un porcentaje mínimo de la producción de camarón marino, como medida de recuperación de la especie hacia el medio natural.

El MARN, consciente del apoyo que este sector  debe tener,  trabaja de la mano  con ellos para facilitarles el proceso a fin de consolidar el ordenamiento y normalización de éste tipo de actividades, que durante décadas algunos han funcionado de manera ilegal en medio de los manglares del país.

Precisamente por ello y para agilizar el proceso el MARN en noviembre del 2012 entregó a los representantes de cada proyecto el  Diagnóstico Ambiental Tipo, uno de los primeros trámites que cada beneficiario presenta para obtener el Permiso Ambiental y obtener posteriormente la Concesión por un período de diez años, el cual posterior a este período  tendrán que renovar.

Las medidas serán auditadas por el MARN y quienes no las cumplan, serán objeto de sanciones que van desde multas económicas, la suspensión del Permiso Ambiental hasta la cancelación de su derecho de concesión.

La legalización de su situación, permitirá al MARN el manejo adecuado de estos proyectos que se encuentran  ubicados en los bosques salados o manglares, los cuales forman parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del país, con ello se busca  evitar la tala indiscriminada de mangle, el manejo inadecuado de la producción y el problema de la usurpación.

Con este esfuerzo, se espera que los beneficiarios en el territorio, una vez legalizados puedan tener más apoyo  del sector financiero y a la vez contribuirán a la protección de los recursos costeros marinos.