CIADI resolvió a favor del Estado Salvadoreño en arbitraje contra la empresa minera Pacific Rim


La empresa Oceana Gold -propietaria de Pacific Rim- deberá pagar $8 millones al estado salvadoreño por costas procesales. La decisión de los tres árbitros fue unánime.

“Nos sentimos muy satisfechos con el veredicto a favor del Estado Salvadoreño”, expresó la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl luego de escuchar el resultado del laudo que este día dio a conocer el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en torno a la demanda de Pacific Rim Corporation de Canadá en contra del Estado salvadoreño por no permitir inversiones en el rubro minero en el departamento del Cabañas.

Luego de siete años de litigio, la resolución absolvió al Estado salvadoreño de pagar una millonaria suma a la compañía Oceana Gold -empresa minera que compró a la transnacional Pacific Rim-, la cual interpuso una demanda formal ante la CIADI en 2009.

La información la hizo pública el fiscal salvadoreño, Douglas Meléndez a la 1:00 p.m. (hora El Salvador, 3:00 p.m. en Washington) en compañía del abogado Luis Parada del bufete Foley Hoag, representante de El Salvador en el litigio contra la empresa minera ante en el tribunal arbitral del CIADI.

“Nuestro país ha ganado este arbitraje de una forma contundente y muy positiva, principalmente en este momento donde el estado salvadoreño tiene problemas fiscales. El tribunal arbitral desestimó todo los reclamos de Pacific Rim “, expresó Meléndez.

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl dijo que: “nosotros como país queremos atraer las inversiones pero lo más importante es que estas inversionistas sean respetuosos de la institucionalidad de los países a donde llegan. Eso es un tema fundamental”.

Pohl expresó que el MARN realizó una Evaluación Ambiental Estratégica de la minería metálica, que determinó que las condiciones actuales el país no eran las adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, ya que se comprometían los recursos naturales, en específico el agua.

Otros aspectos que surgieron en el Evaluación Estratégica era que los yacimientos mineros atraerían empresas pequeñas que no manejan estándares de alto nivel; la debilidad de la institucionalidad en torno a la supervisión y regulación de la minería metálica y el nivel de conflictividad en los territorios.

“Definitivamente nos sentimos satisfechos y muy orgullosos de este laudo arbitral. Esta gran victoria no es solamente de orden jurídico, esta victoria es para el pueblo salvadoreño. Desde un principio, el pueblo tanto como el estado y el gobierno, hemos trabajado en la defensa de este caso, comento el Fiscal.

El tribunal arbitrario determinó que la empresa deberá pagar 8 millones de dólares por costes procesales. Uno de los puntos más importantes destacados por el fiscal es que fue una decisión unánime de los tres árbitros.

El tribunal destacó que el estado de El Salvador siempre trató a este inversionista extranjero de una forma generosa y benevolente, pero que Pacific Rim no cumplió estrictamente con los requisitos de las leyes del país.

Pacific Rim inició operaciones en El Salvador a principios del 2000, cuando la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía le autorizó explorar en la zona de El Dorado, en San Isidro, Cabañas, y en otras regiones del país con potencial de metales preciosos.

Posterior al hallazgo de oro y plata en Cabañas, el abogado Parada dijo que el tribunal determinó que el Salvador no tiene las condiciones para desarrollar una actividad minera.

El Fiscal reflexionó que aunque con el resultado positivo para El Salvador, “este caso nos deja un mensaje y nos recuerda que los estados, y en este caso el Estado de El Salvador, están expuestos a este tipo de demandas multimillonarias. Por lo tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país en defensa del medio ambiente”.

También hizo énfasis en la necesidad del Estado de atraer la inversión, pero resaltó la importancia de que “las empresas y las transnacionales se sometan a nuestras leyes en defensa de la población y del medio ambiente”.



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14 octubre, 2016