los derechos humanos al agua y al saneamiento en sus planes y políticas nacionales para enfrentar el cambio climático y otros retos futuros que afecten el acceso al agua y al saneamiento.
“De esta forma, podrá garantizar que no haya retrocesos en los avances logrados y que las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad no sean las mismas que sufran en mayor grado los efectos negativos”, dijo el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, al finalizar su primera visita* oficial al país, que coincidió con la actual situación de emergencia por la escasez de agua potable tras un período prolongado de sequía.
“El Salvador ha demostrado progresos impresionantes en el sector de agua y saneamiento en las últimas décadas y, de acuerdo al monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, superó de lejos sus metas en el 2015”, indicó el Sr. Heller.
“Sin embargo, todavía hay una brecha importante entre la población urbana y la del área rural, donde vive el 99% de las personas sin ningún acceso al agua”. Durante su visita de ocho días, el experto pudo constatar que quienes sufrieron con mayor intensidad por la reciente sequía fueron los habitantes con acceso limitado o nulo al agua potable en el área rural del país, como en el Corredor Seco en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután.
“Igualmente, en el ámbito urbano observé que la crisis por falta de agua afectó en mayor grado a los habitantes de los municipios de la periferia metropolitana, que algunos ya sufrían desde hace más 20 años de servicios intermitentes de agua”, dijo el Sr Heller.
“En relación con la disponibilidad de agua para consumo humano observé la sobreexplotación de manantiales estratégicos, como el acuífero situado entre los municipios de Quetzaltepeque y Nejapa” continuó el experto. “Me gustaría hacer énfasis en que una de las obligaciones de derechos humanos es dar prioridad al uso del agua personal y doméstico, sobre otros usos del agua, como el para fines económicos.
” Al identificar áreas problemáticas en el contexto del asequibilidad en El Salvador, el Relator Especial señaló que hay trabajadores del sector agrícola que pagan hasta el 16% de sus ingresos familiares en agua, mientras que las personas conectadas a los sistemas colectivos, especialmente urbanos, tienen sus ingresos mucho menos comprometidos por el acceso al agua.
El experto también expresó preocupación ante a la realidad que enfrentan las mujeres y niñas, quienes en situaciones de crisis se encargan de asegurar el acceso al agua para sus familias, las personas que habitan en áreas de influencia de las pandillas, así como las personas privadas de libertad, las poblaciones indígenas, aquellas en situaciones de pobreza y en situaciones de calle.
“Tuve la oportunidad de visitar el centro penal la Esperanza donde escuché testimonies sobre el precario acceso al agua y al saneamiento”, dijo. “Es crucial que se dé prioridad a las personas excluidas para asegurar la igualdad y la no-discriminación en el acceso a estos derechos fundamentales”.
“Con el fin de mantener los avances y enfrentar las brechas y desigualdades, exhorto a El Salvador a traducir sus compromisos internacionales en la legislación interna del país, aprobando lo más pronto posible la Ley General de Aguas y una ley marco para el sector de agua y el saneamiento”, dijo el Relator.
En tal sentido, recalcó, tal como lo hizo durante una reunión con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa “que el marco legal debe explícitamente reconocer los derechos humanos al agua y al saneamiento, estableciendo procesos participativos, con representación de los sectores más desfavorecidos en el tema del acceso a los servicios en la toma de decisión sobre las políticas del agua”.
Asimismo, Sr. Heller recomendó al Gobierno de El Salvador que establezca un regulador independiente “con el fin de fortalecer una institucionalidad en el ámbito del agua y el saneamiento para así mitigar las grandes inequidades observados en el acceso a esos servicios”.
El experto se reunió, entre otros, con representes del gobierno central, del poder legislativo y de la Corte Suprema de Justicia, así como con el procurador de derechos humanos, agencias de la ONU e ONG internacionales y nacionales que trabajan en temas relacionados con el derecho al agua y saneamiento. El Relator Especial de la ONU visitó, además, varias comunidades y un centro escolar en Ilopango y Nejapa además del centro penal de La Esperanza, Ayutuxtepeque. El experto independiente presentará un informe con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2016. ��O.�