Agua y Saneamiento Ambiental

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como ente rector de los recursos naturales, ha emprendido una serie de actividades para la implementación de acciones directas tendientes a lograr la sostenibilidad del recurso hídrico. El MARN cuenta con la Estrategia Nacional del Medio Ambiente (ENMA), que se apoya en cuatro estrategias, una de las cuales es la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (ENRH), la cual tiene como propósito atenuar la inseguridad hídrica y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Para su desarrollo ha sido necesaria la elaboración de instrumentos de planificación y regulatorios tales como la Ley General de Aguas, la Política Nacional Hídrica y el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH).

El enfoque de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) surge como respuesta a la crisis del agua expresada en la presión insostenible generada por una demanda y contaminación crecientes del recurso hídrico y en su desigual disponibilidad en el país. En
ese sentido la GIRH busca orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de recursos hídricos a través de una conciliación entre el desarrollo económico, los objetivos sociales y la protección de los ecosistemas.

El logro de la seguridad hídrica implica la provisión actual y futura de agua potable de calidad y para el uso doméstico, agua para el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, para la agricultura y la seguridad alimentaria, para la generación de energía, agua para todos los sectores productivos, que garanticen el desarrollo social, económico y ambiental y agua para la recreación. Cumplir con cualquiera de estos usos, implica que el agua debe estar disponible tanto en cantidad como en la calidad requerida.

La seguridad hídrica también conlleva la reducción de riesgos a desastres por sequías e inundaciones, ahora agravados por los cambios de uso del suelo y alteración de cauces, y por los efectos del cambio climático. La problemática existente en el país, en cuanto a los
índices de contaminación, la sobreexplotación de acuíferos, el cambio de uso del suelo, la pérdida de capacidad de regulación hídrica del territorio nacional, la degradación de ecosistemas y los impactos de la variabilidad climática, sumado a una inadecuada gestión del agua, permiten concluir que el país aún se encuentra frente a un largo trecho para alcanzar la seguridad hídrica, siendo sin duda el deterioro de la calidad del agua y la gestión desarticulada del recuso los aspectos más críticos a superar.

De acuerdo a los resultados de monitoreo de calidad de agua a escala nacional del año 2013, en un total de 123 sitios de muestreo de la red hídrica nacional, ninguno de los puntos muestreados reportó calidad de agua excelente, solo 8 % de los sitios muestreados presentó calidad de agua buena, mientras que el 92 % de los sitios presentaron calidad de agua entre regular y pésima, limitando las oportunidades de desarrollo de vida acuática y otras.1

La mala calidad del agua se debe principalmente a un mal manejo de los residuos sólidos y aguas residuales, deficiente disposición de excretas y residuos industriales, la mayoría de los cuales son descargados directamente a los ríos con un deficiente o nulo tratamiento, aunado al desarrollo desordenado de las principales ciudades, al crecimiento demográfico y al alto grado de erosión producto de los cambios de uso del suelo y la deforestación en las cuencas.

El Salvador no cuenta con una normativa hídrica integral. La legislación vigente relativa a recursos hídricos está fragmentada, ya que las instituciones se organizan en atención a los diferentes usos (FAO, 2010) y se han desarrollado diferentes leyes sectoriales, en diferentes periodos de tiempo, cada una de las cuales aborda sólo las cuestiones sobre el agua que se relacionan directamente con su objeto, es decir, de forma parcial. En marzo de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó ante la Asamblea Legislativa un Anteproyecto de la Ley General de Aguas pero aún no ha sido aprobada.

El anteproyecto de la Ley General de Aguas forma parte de un notable esfuerzo
reformador que se extiende a diversos sectores y que requiere una visión integradora que
asegure la coherencia de las propuestas finales.

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